CONTRALORÍA ZANJA POLÉMICA: PARO DE PROFESORES ES ILEGAL Y DEBEN TENER DESCUENTO

La Contraloría General de la República resolvió de manera categórica que las paralizaciones realizadas por los profesores del sistema público de enseñanza son ilegales y, por tanto, los días no trabajados deben ser descontados de sus remuneraciones. El dictamen pone fin a semanas de debate entre gremios docentes, autoridades ministeriales y comunidades escolares sobre la legalidad de las movilizaciones convocadas recientemente.

Dictamen en detalle

El organismo contralor argumentó que, al ser funcionarios públicos, los docentes no pueden ejercer el derecho a huelga reconocido en el ámbito del trabajo privado. Así, cualquier paralización de actividades debe considerarse un incumplimiento de sus deberes, por lo que los empleadores —en este caso, los municipios o servicios locales de educación— están obligados a realizar el descuento correspondiente por los días no trabajados.

El dictamen se basa en el artículo 19 N.º 16 de la Constitución, así como en la jurisprudencia administrativa previa, que establece claramente la improcedencia del ejercicio del derecho a huelga por parte de los funcionarios públicos, salvo excepciones muy específicas que no se aplican al caso de los profesores.

Antecedentes históricos

Este no es el primer conflicto entre el profesorado y el Estado respecto al derecho a paralizar funciones. Desde los años 90, el Colegio de Profesores ha recurrido en múltiples ocasiones a paros como mecanismo de presión ante demandas salariales, condiciones laborales y reformas educativas.

En 2019, por ejemplo, una extensa movilización de más de ocho semanas generó debate respecto a la legalidad de los descuentos, aunque en esa ocasión varios sostenedores decidieron no aplicar la medida, priorizando el diálogo. Sin embargo, ya entonces la Contraloría había emitido pronunciamientos que apuntaban en la misma dirección que el actual: la ilegalidad del paro de funcionarios públicos.

Reacciones

Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar criticó la resolución, calificándola como una “criminalización del derecho a manifestarse” y anunció que estudiarán acciones legales. “No se puede ignorar el carácter histórico y legítimo de la movilización docente en Chile”, indicó.

Por su parte, el Ministerio de Educación respaldó el dictamen y reiteró el llamado al diálogo, aunque enfatizó que “la ley es clara y debe cumplirse”.

Distintas voces de padres, apoderados y estudiantes también se han hecho sentir, en un debate que cruza lo legal con lo ético. “Los niños pierden clases y los más afectados son los que menos recursos tienen”, declaró Verónica Rojas, vocera de un centro de padres en la Región Metropolitana.

¿Qué viene ahora?

Con este dictamen, se espera que los servicios locales de educación y municipios apliquen de forma obligatoria los descuentos, lo que podría tensar aún más el clima entre las autoridades y el gremio docente. A su vez, se abre el debate sobre la necesidad de una reforma legal que clarifique o modifique el estatus laboral del profesorado dentro del aparato público.