PRIMARIAS: 27 MIL MILLONES QUE CHILE NO PUEDE DARSE EL LUJO DE GASTAR

La cifra resuena con la crudeza de una oportunidad perdida: 27 mil millones de pesos.

Este es el costo que el Estado, es decir, todos los chilenos, asumirá para financiar las primarias de un sector político.

Un monto que no irá a reducir las listas de espera en salud, no mejorará la calidad de la educación de nuestros niños, ni aliviará el bolsillo de las familias que luchan por llegar a fin de mes. Se destinará, en cambio, a resolver la interna de un conglomerado que fue incapaz de lograr un consenso por su cuenta.

No nos equivoquemos: la democracia tiene costos y es fundamental invertir en ella. Sin embargo, la responsabilidad política y el sentido de urgencia nos obligan a preguntarnos si este mecanismo, en este contexto, es un lujo que Chile simplemente no se puede permitir.

Pensemos por un momento qué significan 27 mil millones de pesos. Es el equivalente a construir nuevos y modernos consultorios para comunas que llevan años esperando. Son miles de becas de alimentación para estudiantes. Son recursos que podrían destinarse a aumentar la dotación de Carabineros en las calles o a fortalecer programas de apoyo a las víctimas de la delincuencia. Son, en definitiva, recursos que podrían atender las verdaderas urgencias de la gente.

Mientras se gastan millones en la impresión de papeletas, en la logística de los locales de votación y en el pago a vocales de mesa, hay un abuelo en Valparaíso que lleva más de un año esperando una cirugía de cadera. Mientras los candidatos debaten en franjas televisivas, hay una madre en La Pintana que no sabe si el sueldo le alcanzará para la calefacción en invierno. Mientras los partidos celebran este "ejercicio democrático", hay salas de clases en Aysén, con goteras y falta de material educativo.

Este gasto no es una fatalidad del destino; es el resultado directo de la incapacidad de un sector político –en este caso, la izquierda y el oficialismo– de llegar a acuerdos. En lugar de dialogar, negociar y encontrar un candidato de consenso que los represente, han optado por el camino más fácil para ellos y el más costoso para el país: externalizar el costo de sus divisiones internas y pasárselo a la cuenta del Fisco.

Habrá quienes defiendan este gasto como una "inversión en democracia" o un mecanismo para que "la ciudadanía decida". Pero la democracia no es un concepto abstracto y etéreo; debe anclarse en la realidad del país que la sustenta. Y la realidad de Chile hoy es una de estrechez económica, de profundas brechas sociales y de una creciente sensación de inseguridad. En este escenario, la primera responsabilidad democrática de un líder es administrar los recursos públicos con la máxima eficiencia y priorizar el bienestar de sus compatriotas.

Gastar 27 mil millones de pesos para definir una candidatura, cuando las necesidades sociales son tan apremiantes, no es una muestra de fortaleza democrática. Es un monumento a la desconexión entre la élite política y las prioridades ciudadanas. Es una señal de que sus urgencias no son las nuestras.

No se trata de estar en contra de la participación, sino a favor de la priorización. La política debe ser un ejercicio de responsabilidad, no de autocomplacencia. Es hora de exigir un mínimo de austeridad, un cable a tierra. Es hora de gobernar con sentido de urgencia y priorizar, de una vez por todas, a la gente. Porque cada peso que se gasta en una primaria innecesaria es un peso que se le quita a la salud, a la educación y a la dignidad de los chilenos. Y eso, sencillamente, no vale la pena.